This article was prepared by Fundación para el Avance de la Libertad, IGO Watch partner organization from Spain. You can read both the English and Spanish version of the article below.

 

ENGLISH: Another forty million euros of EU careless spending will be free of public scrutiny.

The European Court of Justice ruled in favor of keeping secrecy in the spending of forty million euros, intended as general infrastructure allowances for the Members of European Parliament (or MEPs). These expenses, the Court argues, are “personal”.

It should be pointed out that besides the salary MEPs receive —much higher than a free-market salary, that is to say, what the productive economy would allow for— we also find a subsistence tax-free allowance, amounting to another 313 euros daily (9500 euros per month, or about 12000 euros yearly) for each MEP. Considering that the European Parliament consists of 751 members, we find that a grand total of 64 million euros, intended as a per diem for MEPs working in Brussels and Strasbourg, are spent opaquely.

The past ruling of September 25th 2018 was a hard blow to the transparency of the European Parliament, and the European Union as a whole. As it stands, civil society and the media will not be able to accurately pinpoint how another forty million euros are spent, those set aside for general office expenses and distributed in allowances among the 751 MEPs.

Each MEP, on top of its salary, receives money for infrastructure costs, being understood as office costs for the development of their parliamentary activities in their constituency. This amounts to 4416 euros a month per MEP. It is not mandatory to justify it with receipts, slips or bills; rather, it is free of taxation and public review.

Since 2009, MEPs were mandated to justify a fraction of their expenses. However, the daily subsistence tax-free allowance of 313 euros never entered this scope. Joining them —after the ruling— are the monthly office allowances of 4416 euros. A total of 100 million euros will then have evaded control by EU citizens and civil society organizations, such as IGOWatch, which advocate for more transparency and rational public spending in government structures.

Regional Coordinator for Europe Roxana Nicula has reminded of IGOWatch’s great worry about the growing opacity in the structure of the European Union, with respect to the management of European taxpayers’ contributions, as well as the rise in bureaucratic bloat and the epic quantity of existing government structures fostering this opacity at the EU level.

The ruling came recently as a result of pressure by a group of journalists, which decided to investigate the Union’s structural expenses. When they requested justification for such expenses relating to the EU’s institutions, sending a freedom of information petition to the EU Parliament, the journalists were met with a firm NO to disclose how those forty million euros are spent each year. Their findings also brought to light a total of 249 “ghost offices”, addresses for which MEPs refused to disclose and thus unverified. The same journalist group decided to present the case before the European Court of Justice, eventually reaching this decision to keep these expenses opaque, all borne by EU citizens through taxation.

 

SPANISH: Otros 40 millones de euros de despilfarro en la UE permanecerán sin escrutinio público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó a favor de la opacidad en cuanto al gasto de los cuarenta (40,000,000) millones de euros anuales en concepto de dietas de gastos generales de infraestructuras para los miembros del Parlamento Europeo bajo el argumento de que se trata de gastos “personales”.

Conviene recordar también que los europarlamentarios gozan además de sus abultados sueldos, muy superiores a un sueldo en el mercado libre, es decir en la economía productiva, también de una cobertura de gastos libres de impuestos y que tampoco son obligados a justificar por valor de otros trescientos trece (313) € diarios, o sea un total de aproximadamente unos nueve quinientos (9,500) euros mensuales o lo que viene siendo otros casi doce mil euros al año. Si calculamos que el Parlamento Europeo tiene 751 europarlamentarios nos encontramos con esta nueva partida de dinero opaco que suma anualmente unos sesenta y cuatro aproximadamente (64,000,000) millones de euros destinada al alojamiento a los llamados costes de vida de los europarlamentarios que trabajan en Bruselas y Estrasburgo.

La sentencia del pasado 25 de septiembre de 2018 representa un duro revés a la transparencia de la Unión Europea y concretamente a la del Parlamento Europeo. La sociedad civil y los medios de comunicación no podrán conocer con exactitud en qué se gastan los cuarenta (40,000,000) millones de euros anuales asignados a la llamada partida de dietas para gastos generales de oficina los 751 europarlamentarios.

Cada europarlamentario además de su sueldo recibe para gastos de infraestructura, entendiéndose oficina para el desarrollo de su actividad parlamentaria para su circunscripción electoral, un total de 4,416 euros al mes. Es decir, se trata de una cantidad que no están obligados a justificar mediante recibos, facturas o tickets, sino que son considerados libres de impuestos y de escrutinio público.

Desde 2009 los europarlamentarios se vieron obligados a justificar parte de sus gastos. Sin embargo, la partida de las dietas llamadas de “mínimos” (subsistence tax-free allowance) 313 euros diarios nunca entraron en la obligación de justificar. Y a ella se sumará ahora con esta sentencia los supuestos gastos de “oficina”, que suman 4,416 mensuales. Un total anual de cien (100,000) millones de euros escapan al control de los ciudadanos europeos y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por una transparencia y una racionalización del gasto público de las estructuras gubernamentales como es el caso de IGOWatch (link to www.igowatch.org).

Roxana Nicula, Coordinadora Regional para Europa ha recordado la gran preocupación de IGO Watch sobre la creciente opacidad de las estructuras de la Unión Europea respecto de su gestión del dinero de los contribuyentes europeos así como de la escalada burocrática y la ingente cantidad de estructuras gubernamentales existentes a nivel de Unión Europea que fomentan esta opacidad.

Esta sentencia llega como resultado de la presión por parte de un grupo de periodistas que decidieron investigar los gastos de la estructura de la Unión Europea. Cuando se quiso conocer la justificación de tales gastos mediante petición al Parlamento Europeo basada en el derecho de acceso a la libertad de información en relación con las instituciones de la Unión Europea, los periodistas se encontraron con un NO rotundo a divulgar en qué se gastan esos 40 millones cada año. Sus averiguaciones además sacaron a la luz un total de unas 249 “oficinas fantasmas” o cuyas direcciones los europarlamentarios se negaron a facilitar para comprobar su veracidad. El grupo de periodistas decidió presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Justicia donde recientemente salió la sentencia a favor de la continuidad de la opacidad de estos gastos sufragados con cargo a los impuestos de los europeos.