This article originally appeared in Ámbito Jurídico on November 6, 2018, and was written by Daniel Raisbeck, the head of the free market think tank at the Universidad La Gran Colombia.

Aunque muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) se dedican a vigilar el comportamiento y los gastos de distintos gobiernos o sus funcionarios, la regla es pasar por alto la actividad de los organismos internacionales o intergubernamentales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En parte, la falta de escrutinio frente a dichas entidades se debe a su éxito al presentarse ante el mundo como instituciones del todo altruistas, benévolas y, por tanto, intachables. Para citar un ejemplo, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, su documento fundacional, declara que el propósito principal de la ONU es “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que (…) ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles”.

Ante una misión tan sublime, cualquier crítico de la ONU es fácilmente retratado como un belicista digno de las cavernas. Tal fue el tono de muchos medios de comunicación al reportar que Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, describió a la ONU como “un local de reunión para comunistas” que “no sirve para nada”.

Sin ir tan lejos, sin embargo, la realidad es que los organismos internacionales ejercen un poder considerable y, para parafrasear a Lord Acton, donde hay poder hay corrupción. Al mismo tiempo, donde hay grandes sumas de dinero para ejecutar sin el mismo grado de escrutinio que en el sector privado e inclusive que en el sector público a nivel nacional, inevitablemente hay abusos, ineficiencia y, en ciertos casos, derroche neroniano.

Por ello surgió, el pasado mes de abril, la organización IGO Watch de Washington, cuyos creadores se describen como “una coalición de individuos y asociaciones sin ánimo de lucro que exigen una rendición de cuentas real y más transparencia por parte de las burocracias globales”.

En su página web, IGO Watch denuncia a la OMS y a su órgano controlante, la ONU, por su tratamiento del periodista estadounidense Drew Johnson, quien fue expulsado de una reunión del Convenio Marco para el Control del Tabaco en el 2016 por rehusarse a abandonar el recinto de la prensa justo cuando comenzaban las deliberaciones cruciales entre los representantes de 180 países.

Como escribe el mismo Johnson, en dicha reunión se deciden asuntos como “el incremento de impuestos al tabaco, prohibiciones a la publicidad, regulaciones para nuevos productos como los cigarrillos electrónicos y hasta normas para el comercio global”. No obstante, la discusión se lleva a cabo a puerta cerrada y con nula transparencia. Curiosamente, la entidad que usa la fuerza contra periodistas que intentan cubrir la reunión para controlar el tabaco es la misma que promueve el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

IGO Watch también saca a relucir cómo la OMS desperdicia los recursos de contribuyentes al fisco de distintos países. Según la agencia Associated Press, la organización “gasta rutinariamente cerca de 200 millones de dólares anuales en costos de viaje, una suma mayor de lo que paga en conjunto para combatir el sida, la tuberculosis y la malaria, algunos de los mayores problemas de la salud pública”.

¿Cómo se adjudica ese dinero en la práctica? Cuando Margaret Chan, directora general de la OMS, visitó Guinea en mayo del 2017 para celebrar el descubrimiento de una vacuna para el virus del ébola, se hospedó en la suite presidencial de un hotel en Conakri que, al contar con un comedor para ocho personas entre otros lujos, cuesta más de mil dólares por noche. Lo cual explicaría parcialmente por qué la OMS ha pagado más de 370.000 dólares en un año para cubrir los costos de los viajes de su directora.

Chan, sin embargo, no es la única alta directiva de la OMS cuyas excursiones no son precisamente baratas. Associated Press reporta que Bruce Aylward, quien lideró la reacción de la OMS a la crisis del ébola en África occidental, acumuló costos de transporte mayores a los 400.000 dólares durante su misión. La causa: su predilección por los helicópteros sobre el uso de jeeps a través de carreteras enlodadas.

Gracias a la prensa libre y a organizaciones como IGO Watch, es posible enterarse de la malversación de fondos por parte de organismos multilaterales y exigir de ellas cautela a la hora de usar los recursos de los contribuyentes. Mi humilde sugerencia a los directores es que agreguen a su lista de observación dos organismos burocráticos transnacionales que, aunque no figuran en su radar hasta ahora, tienen su sede en Washington. A saber: la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).